Santos criminalizará los bloqueos de vías
En Bolívar, el bloqueo de vías más reciente fue en Malagana por la muerte de dos jóvenes que viajaban a toda velocidad en una moto y se estrellaron contra una camioneta -bien conducida- que entraba a una gasolinera. El paro pretendía obligar a las autoridades a construir reductores de velocidad en el tramo urbano del pueblo.
En este caso, como en muchos otros, la gente busca el ahogado río arriba porque el problema no es tanto que los vehículos pasen rápidamente por el pueblo, sino que los habitantes de Malagana, como los de los demás pueblos del Caribe y quizá de Colombia, convirtieron las carreteras nacionales en una extensión de sus casas y patios. Allí pretenden vender frutas, comida y objetos, aparcar carros, camiones y sobre todo, motos, además de convertir el asfalto en área social. Crean una pista de obstáculos y zigzags más peligrosos que la velocidad.
Los motociclistas, y los mototaxistas en particular, torturan a los habitantes y al tráfico de la troncal en Malagana y en el resto de Bolívar -en Turbaco hay más y son peor comportados- por su irresponsabilidad: emergen al pavimento de cualquier bocacalle, sin parar; andan como locos entre los peatones; se paran en paralelo a conversar sobre la vía; sobrepasan en cualquier lugar y por cualquier lado; suenan el pito a toda hora para atraer pasajeros; y para rematar, no suelen usar casco. Los dos jóvenes que murieron en Malagana llevaban la cabeza desnuda.
La ineficiencia de las distintas entidades gubernamentales (locales, departamentales y nacionales) desespera a la gente, mientras la falta generalizada de autoridad hace de los bloqueos una herramienta expedita para que la comunidad sea escuchada. Mientras las autoridades negocian o llega la Policía en cantidad suficiente para disolverlos, los paros viales ya han hecho un daño considerable al resto de la población.
Una vía bloqueada irregularmente le niega a la gente el derecho constitucional a moverse libremente. Esta inmovilidad inesperada e ilegal puede tener consecuencias graves: quien va a cerrar un negocio puede dejar de hacerlo; se puede perder un bus que sale fuera de la ciudad o un vuelo, ambos eventos planeados de antemano y siempre importantes para quienes viajan; o quien va de urgencia para una clínica puede morir.
El presidente Santos propone criminalizar los bloqueos de vías porque atentan contra el bien común, especialmente cuando el invierno ha interrumpido tantas carreteras importantes en el país. Está muy bien que lo haga, pero para ser justo, también debería criminalizar la conducta de los funcionarios politiqueros e indolentes cuya gestión pésima suele estar en la raíz de la mayoría de las protestas populares.
En este caso, como en muchos otros, la gente busca el ahogado río arriba porque el problema no es tanto que los vehículos pasen rápidamente por el pueblo, sino que los habitantes de Malagana, como los de los demás pueblos del Caribe y quizá de Colombia, convirtieron las carreteras nacionales en una extensión de sus casas y patios. Allí pretenden vender frutas, comida y objetos, aparcar carros, camiones y sobre todo, motos, además de convertir el asfalto en área social. Crean una pista de obstáculos y zigzags más peligrosos que la velocidad.
Los motociclistas, y los mototaxistas en particular, torturan a los habitantes y al tráfico de la troncal en Malagana y en el resto de Bolívar -en Turbaco hay más y son peor comportados- por su irresponsabilidad: emergen al pavimento de cualquier bocacalle, sin parar; andan como locos entre los peatones; se paran en paralelo a conversar sobre la vía; sobrepasan en cualquier lugar y por cualquier lado; suenan el pito a toda hora para atraer pasajeros; y para rematar, no suelen usar casco. Los dos jóvenes que murieron en Malagana llevaban la cabeza desnuda.
La ineficiencia de las distintas entidades gubernamentales (locales, departamentales y nacionales) desespera a la gente, mientras la falta generalizada de autoridad hace de los bloqueos una herramienta expedita para que la comunidad sea escuchada. Mientras las autoridades negocian o llega la Policía en cantidad suficiente para disolverlos, los paros viales ya han hecho un daño considerable al resto de la población.
Una vía bloqueada irregularmente le niega a la gente el derecho constitucional a moverse libremente. Esta inmovilidad inesperada e ilegal puede tener consecuencias graves: quien va a cerrar un negocio puede dejar de hacerlo; se puede perder un bus que sale fuera de la ciudad o un vuelo, ambos eventos planeados de antemano y siempre importantes para quienes viajan; o quien va de urgencia para una clínica puede morir.
El presidente Santos propone criminalizar los bloqueos de vías porque atentan contra el bien común, especialmente cuando el invierno ha interrumpido tantas carreteras importantes en el país. Está muy bien que lo haga, pero para ser justo, también debería criminalizar la conducta de los funcionarios politiqueros e indolentes cuya gestión pésima suele estar en la raíz de la mayoría de las protestas populares.
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