La crisis en el sistema de salud
Además de las circunstancias propias de manejos poco claros de la EPS Saludcoop, lo importante de la intervención que le hizo la Superintendencia de Salud es que ha permitido desmadejar una telaraña de irregularidades en todo el sistema, que pone sobre el tapete la credibilidad de las EPS y revela la corrupción que impera dentro de entidades estatales como el Fosyga.
En el transcurso de la investigación también se ha encontrado evidencia de que muchos parlamentarios se dedicaron a intervenir para que el Fosyga le reconociera millonarias reclamaciones a varias IPS y EPS que a primera vista eran ilegales.
Cuando el Ministerio de la Protección Social determinó que el Fosyga no podía seguir pagando las millonarias reclamaciones por la ayuda a las víctimas del invierno que hacían las EPS, y ordenó congelar 90 mil millones de pesos, empezó la gestión de muchos parlamentarios no sólo para agilizar estos pagos, sino para lograr desembolsos por concepto de los llamados “recobros” por atención o drogas no incluidas en el POS y que se ordenaban en fallos de tutela.
A muchos congresistas, incluido uno de Bolívar, se les ha señalado como tramitadores o intermediarios para gestionar tales recobros.
El caso de Saludcoop, un gigantesco conglomerado que posee bienes en Panamá y en México, inversiones en paraísos financieros y activos que no tienen que ver con la salud, y que sin embargo tiene graves problemas de liquidez, bien puede ser paradigmático y servir como ejemplo del panorama en que las EPS se mueven en Colombia.
La repetida pregunta sobre la razón por la cual el Estado no había hecho lo que correspondía, a pesar de las pruebas que aparecían contra Saludcoop, sólo es pertinente ya como una motivación para que tanto el Ministerio de la Protección Social, como la Supersalud y demás organismos de control se mantengan alerta y tengan sus ojos puestos permanentemente sobre todas las entidades e instituciones privadas que se dedican a prestar el servicio de atención en salud, y sobre ellos mismos para castigar duramente a los funcionarios públicos que se han prestado y siguen prestándose para defraudar al Estado a costa de la salud y la vida de millones de colombianos.
Es evidente que el caso de Saludcoop revela que la prestación del servicio de salud ha sido controlada con un inaceptable grado de improvisación, a pesar de que en el sistema se mueven más de $30 billones del presupuesto nacional y otro tanto en aportes de afiliados.
No parece lógico, por ejemplo, que para vigilar el funcionamiento de las EPS, IPS y demás actores del sistema, la Superintendencia de Salud tenga sólo 150 funcionarios, insuficientes para controlar las actuaciones de más de 40 mil instituciones vinculadas al sector.
La crisis de la salud es mucho más grave si tenemos en cuenta que está en juego la vida y el bienestar de todos los colombianos, y cualquier abuso que las empresas privadas dedicadas a prestar atención debe ser castigado severamente.
Eso no significa que aquellas EPS o IPS que han prestando un servicio eficiente, cumpliendo claramente con sus funciones, deban ser metidas en el mismo saco que Saludcoop.
Todo esto implica que se hace necesaria una revisión a fondo del sistema, manteniendo lo que ha funcionado, pero eliminando todo aquello que ha servido para alimentar la corrupción.
En el transcurso de la investigación también se ha encontrado evidencia de que muchos parlamentarios se dedicaron a intervenir para que el Fosyga le reconociera millonarias reclamaciones a varias IPS y EPS que a primera vista eran ilegales.
Cuando el Ministerio de la Protección Social determinó que el Fosyga no podía seguir pagando las millonarias reclamaciones por la ayuda a las víctimas del invierno que hacían las EPS, y ordenó congelar 90 mil millones de pesos, empezó la gestión de muchos parlamentarios no sólo para agilizar estos pagos, sino para lograr desembolsos por concepto de los llamados “recobros” por atención o drogas no incluidas en el POS y que se ordenaban en fallos de tutela.
A muchos congresistas, incluido uno de Bolívar, se les ha señalado como tramitadores o intermediarios para gestionar tales recobros.
El caso de Saludcoop, un gigantesco conglomerado que posee bienes en Panamá y en México, inversiones en paraísos financieros y activos que no tienen que ver con la salud, y que sin embargo tiene graves problemas de liquidez, bien puede ser paradigmático y servir como ejemplo del panorama en que las EPS se mueven en Colombia.
La repetida pregunta sobre la razón por la cual el Estado no había hecho lo que correspondía, a pesar de las pruebas que aparecían contra Saludcoop, sólo es pertinente ya como una motivación para que tanto el Ministerio de la Protección Social, como la Supersalud y demás organismos de control se mantengan alerta y tengan sus ojos puestos permanentemente sobre todas las entidades e instituciones privadas que se dedican a prestar el servicio de atención en salud, y sobre ellos mismos para castigar duramente a los funcionarios públicos que se han prestado y siguen prestándose para defraudar al Estado a costa de la salud y la vida de millones de colombianos.
Es evidente que el caso de Saludcoop revela que la prestación del servicio de salud ha sido controlada con un inaceptable grado de improvisación, a pesar de que en el sistema se mueven más de $30 billones del presupuesto nacional y otro tanto en aportes de afiliados.
No parece lógico, por ejemplo, que para vigilar el funcionamiento de las EPS, IPS y demás actores del sistema, la Superintendencia de Salud tenga sólo 150 funcionarios, insuficientes para controlar las actuaciones de más de 40 mil instituciones vinculadas al sector.
La crisis de la salud es mucho más grave si tenemos en cuenta que está en juego la vida y el bienestar de todos los colombianos, y cualquier abuso que las empresas privadas dedicadas a prestar atención debe ser castigado severamente.
Eso no significa que aquellas EPS o IPS que han prestando un servicio eficiente, cumpliendo claramente con sus funciones, deban ser metidas en el mismo saco que Saludcoop.
Todo esto implica que se hace necesaria una revisión a fondo del sistema, manteniendo lo que ha funcionado, pero eliminando todo aquello que ha servido para alimentar la corrupción.
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