Incoder se zafa los anzuelos
El miércoles pasado se supo que la Gerencia de Acuicultura y Pesca del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) fue intervenida a petición de su titular, Juan Manuel Ospina, por supuesta corrupción. Las autoridades decomisaron 37 computadores y 4 USB de funcionarios y contratistas de dicha dependencia y también sus archivos físicos.
Según dijo Juan Manuel Ospina en el noticiero de RCN TV de antier, la Fiscalía, con el apoyo de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio, de la Sijín, investiga el pago de prebendas por obtención de registros de barcos pesqueros, el aumento indebido de los cupos de explotación, y multas impuestas y no cobradas por la entidad.
Por su parte, la página web de Kienyke dijo ayer que “allí se decidían las patentes, licencias y permisos de funcionamiento de empresas pesqueras que se mueven por todo el territorio colombiano. Los investigadores sacaron copias de los archivos de los computadores de esa oficina donde se habría establecido una red de corrupción”.
El destape de ollas podridas en las entidades oficiales por parte del Gobierno tiene que ser aplaudido porque los colombianos ganan cuando se atajan a los saqueadores del erario.
En el caso de la Gerencia de Acuicultura y Pesca, cuya investigación apenas comienza, también se deberían examinar las licencias de pesca con palangre para determinar si fueron expedidas con apego a la ley y si están respaldadas por estudios que las hagan viables. No es razonable que se otorguen y prorroguen licencias mientras se hace un estudio fidedigno de la capacidad de nuestros mares territoriales, sino lo contrario: que se suspendan hasta conocer su efecto sobre los peces que frecuentan el Caribe colombiano.
En casi todos los lugares del mundo esas artes de pesca están prohibidas o restringidas de forma severa, menos en Colombia, donde están libres para depredar las aguas de peces pelágicos, además de la captura incidental de especies prohibidas como las tortugas y otras en peligro de extinción.
Aunque nada puede justificar el harakiri ambiental que representa permitir la pesca con palangres para Colombia y para este litoral, el costo de las licencias debería al menos ser más justo para el país, si acaso eso fuera posible.
Antier algunos pescadores de Santa Marta le decían a Francisco Santos, de RCN Radio, que la pesca, antes abundante, se había agotado y se lamentaban de que las sierras eran escasas. Aunque se intentó responsabilizar al carbón, que con seguridad causa problemas ambientales en Santa Marta, los peces pelágicos como las sierras, atunes, marlín y pez vela, no son de fondo (a donde va a dar el carbón) y nadan por todo el Caribe a media agua sin tener apegos territoriales como los peces de los arrecifes, por lo que hay que buscar su escasez en otra parte, como por ejemplo, en los palangres y factores ambientales como el calentamiento global.
Aplaudimos que el Incoder se zafe los anzuelos de la corrupción y esperamos que las pesquisas acaben con los abusos que pudiera haber en sus dependencias y que sus resultados se conozcan pronto.
Por su parte, la página web de Kienyke dijo ayer que “allí se decidían las patentes, licencias y permisos de funcionamiento de empresas pesqueras que se mueven por todo el territorio colombiano. Los investigadores sacaron copias de los archivos de los computadores de esa oficina donde se habría establecido una red de corrupción”.
El destape de ollas podridas en las entidades oficiales por parte del Gobierno tiene que ser aplaudido porque los colombianos ganan cuando se atajan a los saqueadores del erario.
En el caso de la Gerencia de Acuicultura y Pesca, cuya investigación apenas comienza, también se deberían examinar las licencias de pesca con palangre para determinar si fueron expedidas con apego a la ley y si están respaldadas por estudios que las hagan viables. No es razonable que se otorguen y prorroguen licencias mientras se hace un estudio fidedigno de la capacidad de nuestros mares territoriales, sino lo contrario: que se suspendan hasta conocer su efecto sobre los peces que frecuentan el Caribe colombiano.
En casi todos los lugares del mundo esas artes de pesca están prohibidas o restringidas de forma severa, menos en Colombia, donde están libres para depredar las aguas de peces pelágicos, además de la captura incidental de especies prohibidas como las tortugas y otras en peligro de extinción.
Aunque nada puede justificar el harakiri ambiental que representa permitir la pesca con palangres para Colombia y para este litoral, el costo de las licencias debería al menos ser más justo para el país, si acaso eso fuera posible.
Antier algunos pescadores de Santa Marta le decían a Francisco Santos, de RCN Radio, que la pesca, antes abundante, se había agotado y se lamentaban de que las sierras eran escasas. Aunque se intentó responsabilizar al carbón, que con seguridad causa problemas ambientales en Santa Marta, los peces pelágicos como las sierras, atunes, marlín y pez vela, no son de fondo (a donde va a dar el carbón) y nadan por todo el Caribe a media agua sin tener apegos territoriales como los peces de los arrecifes, por lo que hay que buscar su escasez en otra parte, como por ejemplo, en los palangres y factores ambientales como el calentamiento global.
Aplaudimos que el Incoder se zafe los anzuelos de la corrupción y esperamos que las pesquisas acaben con los abusos que pudiera haber en sus dependencias y que sus resultados se conozcan pronto.
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